arsinco.org Si hay un país en Argentina donde la corrupción campa a sus anchas sin que nadie haga nada al respecto, es Santiago del Estero. Son décadas de negligencia e ineficacia del Estado, cuyo aparato judicial es cooptado por la clase dominante. Desde hace 17 años, el actual gobernador Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma de Zamora, se mantienen en el poder y controlan la provincia, fundando un modelo despótico. Ledesma de Zamora es actual senadora y también ha sido gobernadora de Santiago. De hecho, giran en estas posiciones.
Este, sin embargo, no es un modelo inventado por los Zamora ni exclusivo de ellos. Es la dinámica histórica de la corrupción en la provincia, que ha sido analizada y detallada incluso por académicos e investigadores. En 2013, los autores Antonella Gaudio, Tomás Pareta y Jesica Sabatino presentaron un informe en Buenos Aires en un simposio en la Universidad de Buenos Aires. En el documento explican que no hay respeto por el equilibrio de poderes ni por la Constitución en Santiago del Estero y que el caudillo de turno siempre concentra el poder.
De hecho, un gobernador anterior, Carlos Juárez, demostró el alcance del caudillismo al gobernar la provincia durante cinco mandatos. Fue elegido por primera vez en 1949 y su último mandato finalizó en 2001. Al igual que el actual gobernador Zamora, alternó los cargos de gobernador y senador y logró que su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez, fuera gobernó la provincia entre diciembre de 2002 y abril de 2004.
El juarismo, como se llamó el mandato de Carlos Juárez, llegó a su fin en gran parte por denuncias de persecución política, abusos en todos los niveles, incluidos abusos policiales y judiciales, espionaje, violaciones de derechos humanos, entre muchos otros delitos. En ese momento, Carlos Juárez apoyó la candidatura de Gerardo Zamora como su propio reemplazo. No en vano: Zamora ha replicado no sólo el modelo de gobierno caudillista perpetuándose en el poder sino también la corrupción desmedida y la violación de derechos fundamentales, además de involucrar a su familia en sus hechos delictivos.
El caso más reciente de corrupción y abuso de poder a la juarista lo ejemplifica la persecución política contra el empresario Guillermo Masoni y sus abogados. Después de todo, Santiago del Estero es una reproducción interminable de las mismas viejas formas de corrupción bajo nuevos nombres.
El caso de Guillermo Masoni
El poder excepcional de los Zamoras en Santiago del Estero les permitió durante años ejercer suficiente presión sobre gran parte de la comunidad empresarial productora de tierra para evitar que esta última apoyara a la oposición política. Además, los Zamoras abusan de las donaciones de tierras que hacen los empresarios a los campesinos como logros propios. Este es el caso de la familia de empresarios Masoni, encabezada por Guillermo Masoni.
Este empresario representa la tercera generación de una familia española. Desde la década de 1960, la familia ha ido adquiriendo legítimamente tierras en la provincia. En la década de 1960, las tierras de la provincia eran consideradas improductivas e indeseables. Sin embargo, con el tiempo, una vez que los Masoni comenzaron a cultivar y mejorar lo adquirido, el valor de la tierra se disparó. Naturalmente, para los sistemas corruptos, se iniciaron cientos de litigios cuestionando la legitimidad de las compras de tierras por parte de los masoni.
Después de muchas audiencias e investigaciones judiciales, se probó de manera concluyente que todos los títulos de propiedad de la tierra comprada por los masoni son legítimos y que los masoni eran los propietarios legítimos de 130.000 hectáreas. Sin embargo, en fe alimentaria y en reconocimiento a la llamada Ley de Prescripción Adquisitiva que reconoce la propiedad de la tierra en base a la posesión continua de la misma durante al menos 30 años, los Masoni llegaron a múltiples acuerdos con los campesinos y el gobierno local. Como resultado, transfirieron más de $8 millones en tierras a los campesinos, totalizando 185 donaciones y más de 10.500 hectáreas.
A pesar de sus actos generosos como empresario con un fuerte sentido de responsabilidad social, el corrupto gobierno provincial continuó amenazando su derecho a la propiedad privada con litigios ficticios. Cansado de la corrupción rampante en la provincia, Guillermo Masoni decidió ejercer sus derechos civiles y políticos y facilitar un cambio a mejor en la provincia. Empezó a apoyar a los políticos de la oposición, específicamente a Mauricio Macri del PRO, quien, a diferencia de los Zamoras, respetaba la libre empresa, la propiedad privada y, sobre todo, el Estado de derecho.
Parte de ese apoyo fue prestarle la oficina de Masoni en la Avenida del Libertador a Macri. Esto desencadenó una persecución política sin precedentes contra los masoni. Los Zamoras son algunos de los aliados más fuertes de los aliados del kirchnerismo, y utilizaron el apoyo de Masoni a la oposición como pretexto para el hostigamiento, incluida la persecución judicial y la toma ilegal de tierras de los Masoni en Santiago del Estero.
El 29 de septiembre de 2022, la policía intentó arrestar ilegalmente a Masoni, pero en cambio detuvo a Rodrigo Posse, el abogado de Masoni. Posse fue liberado más tarde después de que las autoridades no pudieron probar la base legal del arresto. Sin embargo, los Masonis todavía son buscados. Además, los tribunales se niegan a reconocer múltiples solicitudes presentadas por los abogados de Masoni que le permitirían a este último defenderse en la corte, que es la libertad fundamental bajo la Constitución.
Patricia Bullrich, otra política opositora, puso nuestro comunicado diciendo que “el encarcelamiento de Posse se dio sólo por razones políticas porque el dirigente es un opositor al régimen de Zamora que tenía planeado postularse nuevamente a la presidencia”.
Los masonis también entraron en una espiral de represalias por haberse atrevido a llamar al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por no actuar ante las tomas de tierras en la Patagonia. Masoni y su familia comenzaron a recibir amenazas de campesinos. Y para empeorar las cosas, el gobernador Zamora envió a estos mismos campesinos a invadir y apoderarse de las tierras de Masoni en Santiago del Estero, mientras el dueño está ausente.
Cómo Zamora instigó la toma de tierras privadas en Santiago del Estero
El 5 de noviembre, los Masonis fueron despertados por llamadas telefónicas amenazantes. También recibieron la noticia de una toma violenta e ilegal de gran parte de sus tierras. Los abogados de la familia solicitaron de inmediato la protección de la propiedad privada y las personas que habitaban en ella, pero los tribunales ignoraron estas solicitudes.
Rodrigo Posse, exdiputado del PRO y destacado abogado en Santiago del Estero, compartió anoche en el programa de Luis Majul que en Santiago del Estero opera un grupo del crimen organizado encabezado por el gobernador Zamora. Para mantenerse en el poder, Zamora y sus matones han cometido múltiples delitos, como persecución y encarcelamiento de opositores políticos, así como extorsión de propiedades a empresarios locales.
Según Posse, no hay estado de derecho en Santiago del Estero porque Zamora tiene control absoluto sobre el poder judicial. Utiliza jueces, fiscales y abogados para extorsionar tierras a Daniel y Guillermo Masonis. Si bien ambos empresarios están comprometidos con el desarrollo de la provincia y lanzaron múltiples iniciativas sin fines de lucro, Zamora los apunta porque los dos apoyan al expresidente Macri ya Patricia Bullrich, alta funcionaria del Frente por el Cambio.
Desde 2012, el gobernador Zamora ha estado utilizando abogados para “cazar” a los masoni, por ejemplo, Leticia Mabel Bravo y Carlos Wayenberg, que representan el Movimiento Campesino de Santiago de Estero (MOCASE). El MOCASE se ha convertido en el brazo ejecutor de Zamora en las tomas ilegales de tierras en la provincia. Posse explicó que estos abogados, el MOCASE y el gobernador han formado una organización criminal con el objetivo de tomar la tierra de la familia Masoni.
Además, Darío Alarcón, juez de transición asignado al caso de Masoni, no tiene conocimiento de la ley. Eso no impide que Alarcón acuse a Masoni. Posse agrega que Darío Alarcón tiene una estrecha relación con el gobernador Zamora, lo que demuestra aún más la total dependencia política del poder judicial en la provincia.
Los Masoni son una familia de emprendedores. Desde la década de 1960, no solo invirtieron en el desarrollo de Santiago del Estero sino que también se comprometieron profundamente en resolver los problemas sociales y económicos de la provincia. Solo un ejemplo es la fundación sin fines de lucro de la familia dedicada a la erradicación de la enfermedad de Chagas, que los Masonis han estado financiando generosamente durante años. Otro ejemplo es la donación por parte de los Masoni de más de 10 hectáreas de tierra a familias campesinas.
Según Posse, el motivo de la persecución de los Masoni y de su propio encarcelamiento no es otro que el grupo del crimen organizado liderado por el gobernador Zamora que castiga a todos los que tienen vínculos con el expresidente Macri y Patricia Bullrich. Al acusar a los masonis de adquisición ilegal de tierras, el gobernador Zamora intenta desprestigiar a Macri y Bullrich, a pesar de que los masonis demostraron reiteradamente la legítima propiedad de todas sus tierras.
"ESTANDO EN LA CÁRCEL SEGUÍA PENSANDO QUE SI ESTO ME PODÍA PASAR A MÍ, ¿CÓMO SE SIENTEN LOS CIUDADANOS COMUNES CUANDO NO TIENEN RECURSOS PARA DEFENDERSE DEL ABUSO DE PODER DEL ESTADO?"
Rodrigo Posse, abogado
Para Rodrigo Posse, lo peor de este caso es que expone el autoritarismo en Santiago del Estero. “En Santiago no hay democracia. A mí me metieron preso dos días simplemente porque legalmente representó a la familia Masoni. Mientras estaba en la cárcel, no dejaba de pensar que si esto me podía pasar a mí, ¿cómo se sienten los ciudadanos comunes cuando no tienen recursos para defenderse del abuso de poder del Estado? La verdad es que sentí miedo. Algunas personas en la provincia murió repentinamente en circunstancias poco claras en los últimos 16 años, y en algún momento comencé a temer por mi vida".
Hasta el día de hoy, los masoni continúan temiendo por sus vidas mientras sus tierras son invadidas, el aparato judicial del país sigue sin funcionar y el gobernador Gerardo Zamora continúa con su reinado de terror en Santiago del Estero.
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