“Santiago del Estero es una zona liberada para la usurpación”

 

La dura declaración de Marisa Figueroa, una de las productoras que se animan a resistir el avance ilegal sobre sus tierras en el monte santiagueño.

Nancy Giampaolo

¿Por qué te fuiste de Buenos Aires al monte santiagueño? 

—Era 2018 y andábamos en sulky con mi tío Víctor. Hacía mucho tiempo que no recorría los parajes y noté algo nuevo: mucho monte alambrado. “Todo ese monte que ves allá es de un doctor, y el otro también es de un doctor. Cuando usted pueda, m’ija, cierre su campo. La tierra que está más allá es de los Gramajo, y en aquella otra vive un ampalao”, dijo mi tío. Ese instante es una de las postales de mayor aprendizaje y emocionalidad de mi vida porque la “vecina” del campo lindante era una lampalagua –en porteño, una boa gigante–. Desde entonces me pregunto quiénes han instalado tan elevado código de convivencia. ¡Y yo que me creía ambientalista!

—¿Ese incremento de montes alambrados se asociaba a usurpaciones?

—Totalmente. La usurpación es un fenómeno vertical en esta provincia, donde la división de poderes no existe y ningún juez llega a su cargo por concurso. Acá te puede usurpar el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo López Alsogaray –-aduciendo ser heredero de un paraje entero, porque su tataratía poseía una merced real del 1600– aunque tengas título perfecto y posesión dominial por cinco generaciones, como le sucedió a la familia de don Manuel Ardiles en Chaguar Punco. O llega el escribano Elio Curet, de vínculos estrechos con la Casa de Gobierno y, en complicidad con el comisionado municipal, levanta una vivienda social para un puntero político en un extremo de tu propiedad, mientras sus peones entran topando árboles añejos y haciendo acequias clandestinas. Ese es mi caso y el de tantos vecinos del Departamento Robles. Estos nuevos “dueños de la tierra” por lo general son funcionarios, ex intendentes, diputados o escribanos que, con acceso directo a la información de catastro y rentas, escrituran miles de hectáreas a su nombre o de testaferros. El Departamento Copo es famoso por eso. Un ex intendente de Monte Quemado y diputado por décadas, Carlos Hazan, avanza y vende tierras a través de testaferros. Allí el caso de las tierras de don Antonio Chomo Díaz en El Caburé es emblemático, pero también ya se están apropiando de parte de la reserva natural.

—Y las organizaciones campesinas como el Mocase, ¿qué papel juegan?

—Ese es un tema tabú. A mí me costó comprender su devenir. El movimiento campesino de Santiago del Estero, que surge en los 80 y se organiza con valentía en pos de la reivindicación de derechos en los tiempos bravos del juarismo, hoy es parte del gobierno. Si bien en esta etapa del proceso están divididos en dos ramas, Mocase y Mocase Vía Campesina, ambas cuentan con funcionarios en el Estado provincial y en el nacional, por lo que su trabajo territorial no es diferente al del resto de los movimientos que conocemos, como el Evita, el MTE, etc. Todos son parte del aparato electoral del oficialismo. El Vía Campesina, en particular, se convirtió en el principal actor del despojo del campesinado en muchos departamentos del sur de la provincia. Actúa con una violencia inusitada: tipos armados, en banda, con estrategia, logística, financiación y prensa propia para sus campañas de propaganda falsa; campañas que la mayoría de las veces son acompañadas por los medios alternativos de Buenos aires, lo que genera la solidaridad automática de varios organismos de derechos humanos. Estando a más de 1.300 kilómetros, se han estancado en la idealización, muchos –que no me contestaron más el teléfono– creen que el Mocase es comparable con el zapatismo. Nada más lejos. No solo no rechazan al Estado, sino que viven de él y se lo disputan. Aclaro además que no estoy generalizando a la organización, mucho menos a las personas que, como contraprestación a los planes que reciben, deben ir a usurpar tierras de sus propios vecinos. Se trata de una dirigencia canalla que jamás tuvo tierra en las uñas, que por lo general ni siquiera son de Santiago, pero se autopercibe vanguardia iluminada y comanda usurpaciones de tierras campesinas para su proyecto político. El año pasado, los vecinos del Departamento Aguirre habían contabilizado más de 18 mil hectáreas usurpadas por esta organización.  

—¿A qué se debe este avance sobre las tierras de campesinos tradicionales?

La cuestión de la tierra en Santiago del Estero tiene un punto de inflexión en la transgénesis. A nadie le seducía “el monte santiagueño”, pero desde que la semillita modificada tiene la capacidad de brotar en medio de un salitral, desde Buenos Aires comenzaron a comprar por teléfono miles de hectáreas. Y aquí es donde no podemos evitar preguntarnos quiénes son los que “venden” tierras con habitantes tradicionales adentro que constitucionalmente tienen derechos posesorios, sea con o sin título de propiedad. O por qué se lanzan grandilocuentes programas de regularización dominial para campesinos (con direcciones, secretarías, fiscalías especializadas en conflictos de tierras, organizaciones financiadas para tales fines) y en más de siete décadas no solo no se concretan, sino que se incrementa la usurpación de tierras rurales con familias adentro.

—¿Y tu vuelta para defender tus tierras cómo fue exactamente?

—Para frenar la usurpación, me “instalé” en un rancho abandonado. La vivienda más cercana estaba a dos kilómetros. Ni luz ni gas. Hacer fuego para todo. El agua había que acarrearla. Olores, sabores, ruidos, flora y fauna. Todo se me imponía y ponía en evidencia mi ignorancia. No me quedó otra que enfrentar uno de los miedos que arrastraba de niña en las pesadillas: las víboras. Aunque recibí la instrucción de mi abuela cuando salíamos a cosechar, no lo podía superar. Hasta que una tardecita conversábamos con don Marico Gramajo sobre los miedos. En su libreta de enrolamiento acusa 90 añitos, pero lo anotaron como cinco años tarde. Aún monta a caballo. Su sentido común le sugería que mi mayor temor sería a las represalias por las denuncias de “alto voltaje” que venía haciendo sobre las usurpaciones, temores bien fundados, claro. Pero cuando le confesé que mi mayor –e irracional– temor es encontrar una víbora, rompió en carcajadas. Supe lo errada que estaba solo de verlo reír. Dijo: “Y a usted qué le hace pensar que ella se quería encontrar con usted? ¿Usted se asusta? ¡Ella también!”. ¿Acaso algún pedagogo puede superar la técnica de este sabio anciano del monte? Conversar en la ruralidad es todo un arte.

—¿Tuviste que soportar aprietes? 

—Varios. Directos, indirectos, con camionetas. Amenazas con machetes. Creo que me salvé porque filmaba. Dos años de hostigamientos constantes. Amenazaron a mi abogada y me colgó. Las escribanías no me querían firmar un poder para litigar con este escribano usurpador: “Me quedo sin trabajo” se justificaban. Rápidamente armamos una página en Facebook, llamada En Defensa de la Vida Rural. 

—¿Y la Justicia? 

Colaborando con comunidades indígenas, conocí Formosa. Creí que era un feudo insuperable hasta que comencé a transitar las dependencias de la Justicia santiagueña. El Ministerio Público Fiscal, como se dice ahora, es un oxímoron. No es público, el ciudadano común no tiene acceso. Sobre todo si es un campesino humilde. Ese campesino no vuelve más, porque tuvo que dejar sus animales para trasladarse en sulky o moto hasta el pueblo. Esperar una hora el colectivo hasta la capital y no le tomaron la denuncia. Van quebrando la autoestima de la gente, hasta que abandonan los reclamos por sus tierras. Tampoco se ejerce la tarea de fiscalizar. Tengo cuatro IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) en curso desde marzo de 2019. La penúltima por daño a la propiedad, intrusión, robo y amenazas. La IPP 4985/2020 la tiene la fiscal Jaqueline Macció. Si ella hubiese realizado su tarea, el delito de usurpación no se habría concretado. Hoy está a cargo el fiscal Alvaro Yagüe, que tampoco avanza. Santiago es una zona liberada para la usurpación.

—¿Y para qué se apropian de tanta tierra?

—Creo que detrás de la “ambición” –ponele– de los funcionarios que avanzan sobre tierra campesina existe implícitamente la necesidad de eliminar al campesino como sujeto histórico. Ese hombre sencillo pero poderoso, que produce lo que consume y por eso cría dos hijos o diez hijos (cuando no se agrega algún “entenao” que quedó huérfano) y que conoce con qué planta va a frenar sus hemorragias y combatir sus infecciones. Ese agricultor que no necesita ni del INTA ni de Monsanto, como tampoco de los académicos agroecológicos. Los Carrizo me hicieron probar melones de su cosecha, un sabor único. Pero, además, como estamos en una comunidad campesina, me regalaron su semilla, la que guardan cosecha tras cosecha, como hacían los abuelos. ¿Existe algún actor más antisistema que un campesino?

—Para cerrar, explicame con más detalles esto de ser campesino hoy y ser antisistema.

—Vienen despojando de sus tierras a los últimos agricultores y crianceros que son testimonio de que existió otro país. El acervo cultural de estos hombres y mujeres nos hizo alcanzar en el mapa mundial el lugar de potencia. Y ese testimonio tira por la borda el relato sobre nuestro rol de “dependientes y subdesarrollados”. Están matando lo que queda de esas generaciones porque son gente de arraigo a la tierra y a su historia familiar. Sea cual fuera la forma del desalojo (https://www.youtube.com/watch?v=iyUQv7iPMB8), los conducen al hacinamiento y a la dependencia de los planes para que dejen de tener autonomía. 

 

El más obsceno de los absurdos es que, en esta provincia de dimensiones abismales, se promuevan las villas miseria alrededor de los pueblos. En Beltrán, en la Villa Arroyito, hay campesinos expulsados de la ruralidad que consiguieron traerse, por ejemplo, alguna chancha. Y entonces conviven, en diez metros cuadrados, padres, hijos, perros y la chancha con sus chanchitos en un charco en la vereda a modo de chiquero. Las usurpaciones son la tragedia y la extinción de la vida rural.

*Periodista y guionista.

 Fuente: Perfil.com

 

Santiago del Estero, "portaaviones" de la droga

 Un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Federal ha resuelto conceder el recurso presentado por el exjuez del poder judicial de Santiago del Estero Miguel Ángel Moreno sobre las complicidades con el narcotráfico de parte del poder político y de miembros del poder judicial de esa provincia. Parte de la importancia del fallo radica en que ahora habrá una investigación judicial por fuera del férreo cerco del gobierno provincial.

El recurso se presentó ante las denuncias del citado doctor Moreno, que investigaba el crimen del joven Marito Salto en la ciudad de Quimilí, relacionándolo con el problema del narcotráfico y las presuntas complicidades políticas del oficialismo santiagueño.

Hace tiempo que Santiago del Estero es considerado el "portaaviones" de la droga, como fue denunciado por un funcionario de la Justicia Federal de Córdoba, debido a la gran proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas en su extenso territorio. Se conoce que el exjefe del secretario de Seguridad de los gobiernos de Carlos Juárez, Musa Azar, facilitaba su operación al ordenar a la policía de la provincia evitar realizar controles camineros. Santiago del Estero es una provincia a la que la droga llega por aire, a través de avionetas, y por tierra, siendo lugar de paso de los cargamentos que vienen desde Bolivia y entran por las rutas 34 y 16. El consumo se ha incrementado fuertemente no solo en la ciudad capital, sino de manera preocupante también en las pequeñas localidades del interior provincial, como comprobó el padre Pepe Di Paola cuando estuvo radicado en Campo Gallo. Aun cuando más del 70% de los santiagueños votaron a favor de la actual administración, nadie desconoce que la impunidad con la que el negocio de la droga ha crecido en esta extensa provincia de amplias zonas despobladas y montes ha corrompido a los estratos sociales del interior provincial. Las pistas clandestinas y la falta de control han enriquecido a muchos que, sin ingresos para una bicicleta, hoy conducen modernos autos por pueblos, ciudades y por la provincia.

Especialistas en el tema hablan de la línea Termas-Frías-Añatuya en relación con estos tres eslabones de circuitos del narcotráfico, la trata de personas y la prostitución. En esas ciudades siempre se ha sospechado de las complicidades de las dirigencias políticas lugareñas claramente en evidencia con el asesinato de un joven policía en Frías, que habría tenido información sobre la relación entre el intendente de esa ciudad y el narcotráfico. Muchos policías habrían sido apartados por no prestar protección al tráfico de drogas.

El denunciante responsabiliza al secretario de Seguridad de la provincia, a jefes policiales, a un integrante del Superior Tribunal de Justicia local, al hermano del gobernador y al propio gobierno provincial. La denuncia la realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 11, pero fue remitida al Juzgado Federal de Santiago del Estero. En esa sede no se investigó, no se aceptaron ninguno de los recursos presentados, y se diligenció el cese del programa de protección de testigos que lo incluía, a pesar de las amenazas que recibiera, archivándose luego la causa.

También fue rechazada por la Cámara Federal de Tucumán, a pesar de la gravedad de los delitos denunciados, que mostraban la falta de independencia del juez federal con lazos de parentesco cercano con la exgobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora. A pesar de ello, el juez se negó a excusarse.

En definitiva, la Sala IV de la Cámara de Casación Federal Penal, al resolver dar por nulo lo actuado por la fiscalía y el juzgado federal de Santiago del Estero, ha determinado con extensos fundamentos que toda "persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial".

Uno de los graves problemas institucionales en casi todo el interior del país es la falta de una Justicia Federal imparcial e independiente, debido al proceso de designaciones de los magistrados. Si bien, como en este caso, han sido designados por concurso, no prevalecen la necesaria transparencia y objetividad. Tanto el fiscal federal como el juez federal de Santiago del Estero tuvieron un desempeño extremadamente pobre en esos concursos -40 puntos sobre 100 para el fiscal y el puesto 14 para el juez-, pero resultaron nombrados en 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner por pedido del gobierno de Gerardo Zamora, quien, como otros gobernadores, busca alimentar la impunidad a través del nombramiento de jueces sin méritos para tan importante labor, que se convierten en simples militantes de los oficialismos provinciales.

Lamentablemente, ese es un problema generalizado en el país y de enorme gravedad porque están en juego los derechos, las garantías y las libertades constitucionales. No habrá mejoras sostenibles de nuestras falencias económicas y sociales si no comenzamos por trabajar por un poder judicial independiente del poder local.

El gobierno nacional ha encarado una fuerte lucha contra el narcotráfico de la que Santiago del Estero no puede quedar excluida. Es necesario avanzar con decisión sobre todos los implicados en este tan poderoso como vil negocio, pues la dimensión que ha tomado en nuestro país solo ha sido posible gracias a la cómplice colaboración de parte de la dirigencia política y judicial de varias provincias.

 

Fuente: La Nación

 

SANTIAGO DEL ESTERO: CENTRO DE CONVERGENCIA PARA EL CRIMEN TRANSNACIONAL

 DOUGLAS FARAH, IBI CONSULTANTS

 

 Santiago del Estero, una provincia sofocante y empobrecida en la Argentina rural, se asienta sobre la Ruta 34, una de las arterias de cocaína y marihuana más importantes de América del Sur. La carretera va desde la frontera sur de Bolivia hasta el corazón de Argentina, cruzando caminos que transportan los productos ilícitos hacia el este, hasta los puertos del Atlántico, y hacia el oeste, hasta la costa pacífica de Chile.

Atravesando la región hay cientos de carreteras secundarias que sirven como pistas de aterrizaje para pequeñas aeronaves que transportan drogas desde Bolivia y Perú́, que luego se alimentan de la red de distribución regional. A menudo, los aviones descargan sus cargas mientras vuelan a baja altura hasta que un trabajador del cartel local monta los paquetes de cocaína en camiones que esperan y se dispersan en diferentes centros de almacenamiento. Como señaló́ un titular en un importante periódico argentino: “Está lloviendo cocaína en Santiago del Estero”.

Las lluvias del polvo blanco aportan claros beneficios. La región casi no tiene una base impositiva, hay pocos trabajos por fuera de los empleadores del gobierno regional y tiene una de las tasas de homicidios más altas del país. La geografía de la región y la lejanía de otros núcleos de población la
convierte en un territorio insular y los forasteros, especialmente los extranjeros, destacan en la capital y campos circundantes. En una visita reciente de tres días se encontró una región y un gobierno regional llenos de contradicciones, intrigas y flujos de efectivo inexplicables que alimentan
una de las maquinarias políticas más poderosas y sofisticadas del país.

La ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero fue fundada en 1553 y es llamada la Madre de las Ciudades de Argentina por ser la primera ciudad establecida en Argentina. La provincia tiene los índices de pobreza y pobreza extrema más altos del país. A pesar de ello, cuenta con un moderno aeropuerto que opera pocos vuelos; un estadio de fútbol de clase mundial, con pocos equipos para llenarlo; una nueva pista para autos de carrera, con pocos vehículos que corran; un campo de golf, con un puñado de golfistas; un centro cultural de ultima generación y una imponente estatua de color dorado del gran futbolista argentino Diego Maradona, que se dice que es la más grande del mundo. La estatua fue inaugurada el año pasado bajo la mirada de Leonel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, junto con el resto de la selección argentina.

 

También es el hogar de tres empresas chinas que prometieron ayudar a construir una de las fabricas de baterías de litio más grandes del hemisferio, aquí́ en este enclave aislado. Si bien la construcción
de la planta puede parecer descabellada dado el aislamiento de la región, su futuro no es más improbable que los otros proyectos de construcción fuera de lugar aquí́. En conjunto, las deslumbrantes comodidades en medio del aislamiento y la pobreza generalizada harían de la región un escenario adecuado para una de las novelas de Realismo Mágico de Gabriel García Márquez.

Las investigaciones policiales, los informes de inteligencia regionales y nacionales, los residentes locales y las revelaciones de los medios apuntan a la razón de estas profundas contradicciones.
Santiago del Estero es el epicentro donde confluyen múltiples redes criminales y de corrupción que tocan al gobernador, a su familia, a la familia de su esposa y a la poderosa vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández Kirchner.

Presidiendo esta tierra de contradicciones, el gobernador Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma Abdala, juntos han gobernado la provincia con puñ o de hierro desde 2005 como aliados cercanos y amigos personales de Kirchner, el expresidente y actual vicepresidente. En el Senado, Zamora y Ledesma son aliados inquebrantables del partido peronista de Kirchner, entregando votos efectivos y un músculo electoral cuando sea necesario. Kirchner incluso nombró a Ledesma, ahora senadora nacional, como presidenta interina en 2020 durante varios días cuando ella y el presidente estuvieron ausentes del país.

Kirchner ha insinuado recientemente otra candidatura presidencial mientras enfrenta una serie de cargos criminales de corrupción por sus años en el cargo público. Cristina Kirchner siguió́ a su esposo Néstor Kirchner, expresidente de Argentina de 2003 a 2007, con dos mandatos propios de 2007 a 2015. A medida que aumentaban sus escándalos de corrupción, Cristina optó por postularse exitosamente como vicepresidenta con Alberto Fernández en 2018. Kirchner es ampliamente vista como el verdadero centro de poder en la administración y ahora está desesperada por aferrarse a un cargo electo que le otorgue inmunidad judicial.

El control de Kirchner y su posición de poder también es vital para la supervivencia de la maquinaria política Zamora-Ledesma, y su capacidad para recuperar la presidencia depende en gran medida de la capacidad de la maquinaria de Santiago del Estero para entregar los bienes. Debido a los límites de mandato en el cargo de gobernador, la pareja rota entre presidir la provincia como un señorío feudal donde la palabra del gobernador es ley y ocupar un escaño en el senado de la nación.

“Zamora, Ledesma y Kirchner son un triángulo de poder de hierro en una tierra donde el tiempo se ha detenido”, dijo una fuente de inteligencia civil. “Es realmente un sistema feudal, donde el caudillo maneja su finca y entrega fuerza política al gobierno central, y a cambio se le da carta blanca para robar lo que le plazca. Cada interés protege al otro, y el vínculo hasta ahora ha sido inquebrantable”.

Con el apoyo incansable de Kirchner, la pareja construyó una extensa red de patrocinio que toca todas las facetas de la vida pública y el sector privado. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nacional han acusado públicamente a la maquinaria política de Zamora de manipular el poder judicial para servir los propósitos de familiares, amigos y aliados políticos, y perseguir y encarcelar a los enemigos.

Al igual que en los sucesivos gobiernos de Kirchner, los reportes de vínculos con el narcotráfico son constantes y creíbles. Los funcionarios de inteligencia y los encargados de hacer cumplir la ley en la capital, Buenos Aires, dijeron que había numerosos y constantes informes de colaboración oficial en los que el gobierno provincial protegía el narcotráfico y se beneficiaba de brindar esa protección. Sin embargo, debido a que la policía y el poder judicial en Santiago del Estero están completamente controlados por Zamora, dijeron las fuentes, no pueden obtener ninguna cooperación o apoyo de los funcionarios locales.

 

A pesar de tener un omnipresente equipo de relaciones públicas que produce contenido diario en las redes sociales, la oficina de Zamora en Santiago del Estero y la capital, Buenos Aires, no respondió́ a múltiples y detalladas solicitudes de comentarios sobre las denuncias de corrupción y narcotráfico en su provincia.

Está bien documentado que los aviones cargados de cocaína que vuelan hacia el sur, desde Perú́ y Bolivia, entre los mayores productores de cocaína del mundo, arrojan toneladas de producto en el área. Luego, el producto se transporta por tierra a puertos en Argentina, Uruguay y Brasil, para después trasladarse a Europa como mercado principal. Los vuelos, que arrojan sus paquetes de cocaína desde pequeños aviones que vuelan a baja altura o avionetas que aterrizan en pistas de aterrizaje clandestinas, operan sin obstáculos por radares en funcionamiento o patrullas policiales.

Se supone que los radares en la frontera sur de Bolivia, al norte de Santiago del Estero, son la primera línea de defensa contra la aeronave, pero funcionan solo de manera intermitente. Se supone que las fuerzas policiales locales deben incautar las aeronaves cuando aterrizan o agarrar el producto que se deja caer en las zonas rurales.

En los últimos años, Argentina ha emergido como un importante país de tránsito de cocaína debido al auge del mercado europeo y la permeabilidad de los puertos. El país también se ha posicionado como una importante nación consumidora, ocupando ahora el tercer lugar en consumo per cápita en el hemisferio, proporcionando un mercado interno lucrativo. Estas dos tendencias han elevado significativamente el perfil del país como vector clave en el comercio de cocaína del hemisferio.

“Los radares fronterizos solo funcionan durante unas pocas horas al día, y la policía tiene órdenes permanentes de no moverse cuando se ve un avión arrojando paquetes blancos desde el aire”, dijo un oficial de inteligencia civil que sirvió́ en el área durante varios años. “Si los radares están
encendidos, están convenientemente apuntados lejos de donde se acercan los aviones. Si alguien agarra una carga, es un competidor del cartel que la dejó caer, no una acción de las fuerzas del orden”.

Lo mismo ocurre con las redadas de drogas en la zona, dijo la policía nacional. Si bien hay constantes decomisos de cocaína en la provincia, es la cocaína de quienes no han comprado la protección de la red Zamora-Ledesma. Por el contrario, muchas de las principales redadas de
cocaína incautan cocaína que ya había transitado por Santiago del Estero sin problema, pero que se recoge más al sur.

En 2017 Patricia Bullrich, en ese momento la respetada ministra del Interior (2015–1019) y ahora líder del partido político PRO, encabezaba la oposición al Peronismo de Zamora y coordinó una de las mayores redadas de cocaína en la historia argentina en Santiago del Estero. Lo hizo saltándose a las autoridades locales para apoderarse de 1.700 kilos que llegaban vía aérea desde Paraguay. Fuentes con conocimiento de la planificación dijeron que Bullrich y su equipo de inteligencia estaban
profundamente preocupados por los informes de que Zamora y los agentes locales de la ley protegían a los narcotraficantes y coordinaban la operación desde Buenos Aires, utilizando un helicóptero controlado por el gobierno federal para obligar a la pequeña aeronave que transportaba
la cocaína a aterrizar.

La familia Zamora-Ledesma también está acusada de usar el poder judicial para apropiarse de decenas de miles de acres de tierra para beneficio personal. Para ello, primero pagan a las comunidades indígenas empobrecidas para que invadan grandes latifundios, antes de expropiar la
tierra, supuestamente en nombre de las comunidades.

Según entrevistas recientes con residentes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de inteligencia nacional, durante este proceso, las comunidades indígenas generalmente terminan con menos de la mitad de la tierra expropiada, mientras que la familia Zamora-Ledesma se queda con el resto o lo vende para obtener enormes ganancias. Las tierras atacadas suelen ser territorio privilegiado en las múltiples rutas del narcotráfico que atraviesan la provincia.

Bullrich, ahora considerada una de las principales candidatas a la presidencia en las elecciones presidenciales del próximo año, dijo que como ministra le pidió́ al gobernador “ocho millones de veces” que detuviera las tomas de tierra y que cada vez Zamora prometió́ acción, pero nunca hizo nada. “Es la ley de la selva” en Santiago del Estero, dijo Bullrich, refiriéndose al control de Zamora sobre los jueces y la serie de fallos judiciales inverosímiles dirigidos a los partidarios de los opositores
políticos.

Tanto la familia Zamora como la Ledesma Abdala son propietarias de importantes empresas en la provincia, con capacidad comprobada para adjudicarse enormes contratos de servicios públicos y cosechar las ganancias que se derivan de la corrupción endémica y el auto negocio que conllevan los contratos.

Los residentes aquí́ hablan abiertamente de la corrupción de la maquinaria política de Zamora- Ledesma, aunque pocos parecen objetar porque sobrevive suficiente dinero a los sobornos para crear algunos empleos e infraestructura. Un residente describió a Zamora como una destilación de la maquinaria política nacional masivamente corrupta de Néstor y Cristina Kirchner, señalando que el gobernador “aprendió́ de los Kirchner, y en este caso el estudiante se volvió más hábil que el maestro”.

Uno de los principales puntos de apalancamiento es el hecho de que casi la mitad de los empleos formales en la provincia dependen directamente del gobernador, al igual que casi la totalidad de los grandes contratos de las ostentosas obras públicas que parecen tan fuera de lugar en la ciudad.

Ledesma Abdala proviene de una destacada familia local de origen sirio que fueron famosos partidarios del anterior hombre fuerte de la provincia, Carlos Juárez, quien gobernó la región durante 55 años, ya sea directamente o por poder, a menudo con su esposa ocupando posiciones de autoridad. Un violento levantamiento social desencadenado por protestas masivas contra los abusos oficiales y la corrupción en 1993, y en 2004 el gobierno federal envió a la policía nacional para poner al gobierno provincial bajo la administración judicial federal y terminar con el control de Juárez. La intervención federal, única en la historia argentina, se justificó por la “violación sistemática por parte del gobierno estatal de los derechos y garantías de la constitución nacional”, según el decreto que
autoriza la drástica medida.

Los entrevistados en el transcurso de la visita reciente repitieron historias de cómo el nuevo “Estadio Único Madre de Ciudades”, el ultramoderno estadio de fútbol con capacidad para 29,000 personas fue diseñado originalmente para albergar a 60,000, pero la máquina de Zamora desvió
tanto dinero en sobornos que sólo había suficiente dinero para la mitad.

La máquina Zamora-Ledesma parece decidida a crear al menos la ilusión de progreso a través de un marketing ingenioso, eventos públicos extravagantes y el dominio de las redes sociales, mientras que los proyectos masivos parecen tener muy poco impacto en la reducción de la pobreza o la creación
de empleos que la red clientelista no controla.

Aunque la provincia es una zona estancada con los índices de pobreza y pobreza extrema más altos del país, Zamora mantiene un equipo de relaciones públicas de primer nivel compuesto por varias personas que proporciona un flujo constante y visualmente sofisticado de tomas diarias de la ciudad en las redes sociales. Capturan al gobernador portando su característico bastón ceremonial con cabeza plateada mientras inaugura obras públicas a un ritmo frenético, flanqueado por ciudadanos que cantan sus alabanzas o tocan la guitarra y cantan en la inauguración de una escuela local. La cuenta de Facebook de Zamora dice que tiene 223.000 seguidores.

Durante la reciente visita de IBI Consultants, Zamora, vestido con blue jeans, camisa blanca y gorra de béisbol verde, presidió la carrera de prueba de un auto de carreras Indy 500 en el circuito Autódromo Termas de Río Hondo, el complejo internacional de deportes de motor diseñado por el
reconocido diseñador italiano de circuitos de motor Jarno Zaffelli. Fue la primera vez en casi 50 años que se corrió́ un auto Indy 500 en Argentina, según la publicidad del evento. El automóvil llegó en avión desde Indiana como parte del equipo argentino de carreras de autos Jungos Hollinger. Unas 15.000 personas aprovecharon la entrada gratuita, los espectáculos de tango, los tambores y los actos circenses que brindaron un respiro del calor sofocante y la pobreza abyecta que rodearon el evento.

Zamora estuvo omnipresente y fue fotografiado de manera destacada con el piloto de carreras más famoso de Argentina, Agustín Canapino, quien condujo el auto de demostración Indy 500 en el evento.
A pesar de que no ocupa un cargo nacional, Zamora también mantiene una apretada agenda de viajes internacionales, inusual para un gobernador provincial. Él y varios otros gobernadores visitaron Washington, DC, en septiembre de 2022, luego de visitar los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2022 para presionar por inversiones en infraestructura. Ledesma ha sido una férrea defensora de China y se ha pronunciado en eventos internacionales sobre la importancia estratégica de China para Argentina.

Quizás el proyecto más ambicioso hasta la fecha es el proyecto de batería de litio de empresa conjunta recientemente anunciado con el respaldo de empresas estatales argentinas que se están asociando con empresas estatales chinas. El norte de Argentina, Bolivia y Chile poseen en conjunto algunos de los depósitos de litio más grandes del mundo, incluso en regiones adyacentes a Santiago del Estero. La demanda mundial de litio se está disparando, al igual que el precio de la materia prima.

El “Consorcio de Cooperación para la Fabricación de Pilas y Baterías de Ion Litio” está gestionando el proyecto, que fue anunciado como la mayor fábrica de este tipo en América Latina.

El consorcio incluye a la empresa estatal argentina YPF y su filial Y-TEC y sus socios chinos: Contemporary Ampere Technology Company Co. Ltd. (CATL) y Tianqui Lithium and Gotion High Tech. Los detalles del financiamiento del proyecto y el cronograma para su finalización eran vagos, y no se han puesto a disposición del público documentos financieros relacionados con el proyecto. La creciente presencia de chinos en Santiago del Estero ha dado lugar a rumores persistentes de que la República Popular China está pagando un parque acuático que, según se informa, se construirá pronto para proporcionar entretenimiento a la esperada afluencia de trabajadores chinos.

Sin embargo, según numerosos estudios recientes realizados por National Endowment for Democracy y otros, cuando las empresas estatales chinas operan como socios, casi siempre utilizan funcionarios locales y estatales corruptos para ganar contratos lucrativos, evadir controles ambientales, evitar restricciones en el uso de la tierra e ignorar los derechos de los indígenas.

Como señaló́ un empresario internacional que trabaja en Argentina, el triángulo de hierro Kirchner-Zamora-Ledesma es el entorno perfecto para que florezca un proyecto de este tipo: un gobierno central corrupto, un gobierno local corrupto y agencias estatales externas corruptas que lubrican los sistemas entrelazados. “Nada va a pasar sin la aprobación de Kirchner, la participación directa de Zamora y funcionarios del PRC dispuestos a usar dinero para engrasar el sistema”, dijo el empresario. “Podría ser una situación de ganar-ganar-ganar”.

SANTIAGO DEL ESTERO: CENTRO DE CONVERGENCENIA PARA EL CRIMEN TRANSNACIONAL.
Notas de Campo desde Argentina
NOVIEMBRE 2022
DOUGLAS FARAH, IBI CONSULTANTS, LLC
www.ibiconsultants.net

 

 

 

Vinculan a Gerardo Zamora y al narcotráfico en el crimen de un niño santiagueño

 

 

Por  Ramón Indart

 Perfil.com | El 31 de mayo, Marito Salto (11) pescaba en una represa de Quimilí, Santiago del Estero. Ese día desapareció, fue golpeado, violado y estrangulado. Luego, su cuerpo fue desmembrado y puesto en distintas bolsas de residuo. Casi 7 meses después, el exjuez que llevaba adelante la investigación, Miguel Moreno, denunció ante el juzgado de Claudio Bonadio que lo apartaron de la causa cuando comenzó a obtener pruebas de una supuesta vinculación de la política y el narcotráfico con el crimen. Inclusive mencionó al senador y exgobernador de la provincia, Gerardo Zamora.

Según declaró en sede judicial, su "odisea persecutoria" se concretó cuando pidió incorporar a la causa los llamados de uno de los detenidos por el crimen, Rodolfo "Rodi" Sequeira. A partir de esa decisión "hubo instrucciones concretas del Dr. Gerardo Zamora con la sola intención de no incorporar tal listado".

Antes de ahondar en los textuales de la presentación, es necesario resumir todo lo que pasó alrededor de este horrendo crimen que conmocionó a la provincia. Moreno asumió la investigación ni bien encontrado el cuerpo y en agosto fue apartado. Luego fue condenado en otra causa judicial, ya que lo involucraron en una denuncia por defraudación al gobierno de Tucumán. Estuvo preso más de 60 días en la capital santiagueña (ya fue excarcelado) y denunció todo tipo de maltratos. El exjuez, además, afirmó que se trató de una causa armada para terminar de apartarlo. Ahora la investigación por el crimen de Marito está en manos de la jueza Rosa Falco.

En la presentación, a la que accedió Perfil, Moreno declaró primero por ese asunto: "Me encuentro imputado por un delito que no cometí, como una manera de apartarme de la investigación de diferentes delitos y en particular por una muerte tendiente a ocultar la grave situación del Narcotráfico y sus vínculos con el poder político en Santiago del Estero".

Luego, Moreno señaló que desde que comenzó la investigación tuvo nula ayuda de las fuerzas policiales y que sus instrucciones "no eran cumplidas". Por esta razón pidió la remoción "del jefe de la Departamental mayor Celiz y todo el personal de la comisaría". Pero esto fue denegado, según el denunciante "por el secretario de Seguridad, David Marcelo Pato; el ministro de Justicia, Ricardo Daives; e incluso por la gobernadora Claudia Ledesma; y el senador Gerardo Zamora".

Moreno señaló ante la Justicia más nombres de la política provincial. En una parte del escrito dijo que "la policía sindicaba a José Gelid, hijo del diputado provincial, como principal distribuidor de estupefacientes en el Departamento de Moreno y especialmente en la ciudad de Quimili". El juez agregó: "El personal del área de homicidios, afectados a colaborar con la investigación, me adelantó extraoficialmente en una reunión en mi despacho, que ellos tendrían del teléfono del Dr. Sequeira, principal sindicado como autor del delito (...) surgiría la comunicación fluida del mismo con el secretario de Seguridad de la provincia, David Marcelo Pato (...) el día anterior de la desaparición de Marito Salto y hasta el día posterior al hallazgo del cadáver".

El juez señaló en la causa que el personal policial le pidió respaldo político para avanzar en la investigación, ya que Pato "es de total confianza del senador Zamora y la gobernadora Claudia Ledesma Abdala". "Todos los investigadores de suma confianza y experiencia fueron reemplazados", sentenció. Ante esta información el magistrado solicitó custodia para él y su familia, algo que fue concedido, según confirmaron desde su entorno a Perfil.

En ese sentido, el juez ahondó la hipótesis de que el horrendo crimen contra el niño se basó en una venganza contra algún familiar por haber denunciado al narcotráfico. Explicó también que solicitó de manera insistente el cruce de llamados que nunca se lo entregaron y que "constantemente recibía llamados telefónicos del Dr. Ricardo Daives (ministro de Justicia de la provincia), quien deseaba conocer cada detalle de la investigación (...) a fin de comunicarle al matrimonio gobernante".

Lo más grave vino a continuación, según denunció ante la Justicia: "Cuando procedí a informarle que en lo inminente, el personal de homicidio iba a proporcionarme el listado de llamados de Sequeira para incorporarlos a la causa, y que habría supuestamente una comunicación fluida con el secretario de Seguridad de la provincia, comenzó mi odisea persecutoria, por instrucciones concretas del Dr. Gerardo Zamora con la sola intención de no incorporar tal listado. También les sorprendió y molestó la hipótesis de la participación en el narcotráfico de un familiar de los Gelid".

En una entrevista con El Liberal, el intendente de Quimilí, Omar Fantoni, también había apuntado hacia la hipótesis narco: "Hay lugares oscuros, con gente que vende y otra consumiendo drogas. Se nos ha ido de las manos". "Quimilí es una zona de paso. Sobre una ruta que une el Mercosur. También hay seis rutas que cruzan la ciudad", agregó. Además, sin titubear, dijo: "Por la forma que lo mataron (a Marito Salto) , en especial la saña, a uno no le queda otra que pensar que por ahí es un ajuste de cuentas. Es una venganza. Una cosa así. Y siempre está la droga dando vueltas. Es el comentario de mucha gente".

Respuestas. El ministro de Justicia Ricardo Daives habló con Perfil al respecto y adelantó que analizan iniciar acciones legales contra el exjuez por sus dichos. "Nos sorprende una manifestación de esta naturaleza porque en la causa que tiene la Dra Falco no dijo nada de estos temas". "Este lamentable caso nos preocupa que se lo esté utilizando políticamente", agregó. 

Reconoció que habló varias veces con él "para saber novedades por si necesitaba colaboración para la causa, cuestiones logísticas y demás" pero insistió ante este medio que "nunca nos dijo nada de los llamados que ahora dice tener". También aseguró que mantuvo conversaciones con el senador Zamora y la gobernadora "por una cuestión elemental, ya que el caso conmocionó a todos". ¿Les comunicó Moreno la punta narco? "Nunca manifestó ninguna hipótesis al respecto. Llamativamente ahora dice cosas que ni siquiera están en la causa".

Por su parte, el mencionado José Luis Gelid hizo una presentación ante el fiscal federal local, Pedro Simón, para ponerse a disposición de la Justicia a los fines de "acreditar" su "inocencia y salvaguardar mi buen nombre y honor", señaló el medio santiagueño.

"Desconozco -señala la presentación por otra parte- si todo es una maniobra política de desprestigio hacia mis familiares que se desempeñan en esferas gubernamentales o si responde a un ‘revoleo desesperado e infundado’ de responsabilidades a terceros ajenos, por parte del supuesto denunciante (Moreno), al que no conozco". Este medio se comunicó con el entorno del senador Zamora, quienes señalaron estar al tanto de la situación pero el legislador no quiso brindar declaraciones.

El Crimen Organizado gobierna Santiago del Estero.

Denuncian que en esa provincia el gobernador Zamora ejerce control absoluto, abusa de su autoridad, no existe la seguridad jurídica y se violan los derechos humanos.

 Rodrigo Posse, ex diputado del PRO y prominente abogado en esa provincia denunció anoche en el programa de Luis Majul, que en Santiago del Estero opera un grupo de crimen organizado liderado por el gobernador Zamora–que para mantenerse en el poder comete una cantidad de ilícitos, persigue y encarcela a sus opositores, y expropia propiedades a empresarios. 

Según Posse, en Santiago del Estero no existe la seguridad jurídica pues al tener control absoluto del poder judicial utiliza a jueces, fiscales y abogados para expropiar tierras de Daniel y Guillermo Masoni, empresarios comprometidos con el desarrollo de la provincia, pero vinculados al expresidente Macri y a Patricia Bullrich alta funcionaria del Frente por el Cambio.     

Desde por lo menos el año 2012, el gobernador Zamora utiliza a abogados como la fallecida Leticia Mabel Bravo y Carlos Wayenberg que representan al Movimiento Campesino de Santiago de Estero (MOCASE) como brazo ejecutor en su intento de “cazar” a los Masoni.  

Posse declaró que estas mismas personas fueron denunciadas en ese entonces de formar una asociación ilícita para tomarse las tierras de la familia Masoni. 

Por otra parte, dice Posse que Darío Alarcón, juez de transición y quien acusa a los Masoni,  además de tener nulos conocimientos de derecho, tiene una relación estrecha con el Gobernador Zamora, algo que demuestra claramente la total dependencia del poder judicial.     

 Los Masoni son una familia de empresarios que desde los años sesenta invierte no sólo en el desarrollo de Santiago del Estero, sino que también ha estado profundamente involucrada en la resolución de los serios problemas sociales que afectan la provincia.  Tal es así que a través de su fundación contribuyeron de manera desinteresada en la erradicación del mal de Chagas. Además, esta familia ha donado más de diez hectáreas a familias campesinas. 

 Según Posse, el motivo para la encarcelación de los empresarios y de su persona se debe a que este consorcio de corrupción y crimen organizado liderado por el gobernador Zamora quiere castigarlos por sus vínculos con el expresidente Macri y Patricia Bullrich.  Para Posse, el gobernador Zamora intenta “ensuciar” a Macri y a Bullrich al acusar a la familia Masoni de haber adquirido tierras de manera ilícita, a pesar de que la familia ha demostrado en repetidas ocasiones la legitimidad de su tenencia. 

Para Rodrigo Posse, lo peor de este caso es que pone en descubierto el autoritarismo con el que se gobierna Santiago del Estero.  “En Santiago no existe la democracia. Me encarcelaron dos días por ejercer mi profesión de abogado y por representar a la familia Masoni.  Estando preso pensé que si a mi me podía ocurrir eso como se sentirá el ciudadano común que no tiene los recursos para defenderse del abuso estatal.  La verdad es que sentí miedo, en los últimos 16 años ha habido muertes sin explicación, y en algún momento temí por mi vida.”